EL SUSPENDIDO MAGISTRADO ESTÁ ACUSADO DE 103 DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y VÍNCULOS CON LA DICTADURA
Por Claudio Mardones Desde Santiago de Chile
La Fiscalía de la Cámara Federal de Mendoza pidió la orden con fines de extradición. En el vecino país cuestionan un posible refugio.
Reclaman la captura internacional del camarista que se fugó a Chile
Publicado el 10 de Septiembre de 2011La Fiscalía de la Cámara Federal de Mendoza pidió la orden con fines de extradición. En el vecino país cuestionan un posible refugio.
Cuando el camarista federal Otilio Romano abandonó Mendoza y cruzó la Cordillera de los Andes para pedir refugio político en Chile, partió con un aceitado plan para evitar que las acusaciones que pesan en su contra lo dejen encerrado en una cárcel argentina por el resto de su vida. Ayer, cuando se cumplieron los primeros 15 días de su fuga, surgieron las primeras dificultades para cumplir con ese plan a los dos lados de la frontera: mientras la Fiscalía de Cámara mendocina pidió que la justicia argentina reclame su captura internacional, en Santiago de Chile, el diputado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso trasandino, Hugo Gutiérrez le recordó al gobierno de Sebastián Piñera que no es posible otorgarle el refugio político a una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad. El impedimento forma parte del inciso F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que fue suscripto por Chile. La norma es uno de los elementos clave que tendrá que evaluar la comisión chilena de reconocimiento de la condición de refugiados que, entre otras cosas, le otorga ocho meses de “no devolución” de acuerdo a la ley chilena de protección al refugiado.
A la misma hora que el diputado Gutiérrez llegó a La Moneda para presentar un pedido de expulsión contra Romano, el senador del partido pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) Víctor Pérez hizo un intento de respuesta pública del gobierno chileno. “Si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano, debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena”, disparó el legislador de la coalición de derecha que sostiene al gobierno de Piñera. La frase buscó plantear un virtual canje por el ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que tiene refugio político desde hace casi un año y que fue acusado por el gobierno chileno de ser el autor intelectual del asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán. “En Chile está impune el crimen de un senador de la República, porque el responsable es protegido por la Argentina, y por lo tanto esta es la oportunidad de lograr justicia”, argumentó Pérez. Sus palabras fueron desautorizadas por la tarde, en boca del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que habló en nombre del gobierno chileno: “Cada refugio se analiza en su mérito, no puede condicionarse, porque sería también tergiversar la ley, no puede condicionarse una situación a otra. Acá tiene que analizarse en función de los antecedentes que entreguen las personas que solicitan refugio evaluarse técnicamente, pedir la información a los países de origen o al país de origen y de ahí tomar una decisión en su mérito”, contestó el funcionario.
El pedido de refugio fue presentado por Romano el 1 de septiembre, cuando había cumplido su primera semana en Chile. En el escrito que entregó al gobierno chileno, el camarista, ya suspendido por el Consejo de la Magistratura, argumentó ser “un perseguido político” y reconoce que es acusado en Argentina por no haber investigado delitos de lesa humanidad entre 1975 y 1983. Desde ayer, el expediente de refugio que tramita La Moneda también tiene el escrito presentado por Gutiérrez, donde explica claramente que Romano es investigado por “su presunta responsabilidad penal en 34 privaciones ilegítimas de la libertad de personas que todavía continúan desaparecidas, otras 26 privaciones ilegítimas de la libertad, 36 torturas, un allanamiento ilegal y un caso de denegación de justicia.
El pedido de expulsión enumera todos los casos que hasta ahora el gobierno chileno trató de desconocer. Mientras tanto, la Cancillería chilena recibirá el pedido de extradición que ahora tramita la justicia federal de Mendoza, contra el camarista suspendido que estaría oculto en la localidad balnearia de Algarrobo, el mismo lugar donde el ex dictador Augusto Pinochet pasaba sus vacaciones estivales.
Fuentes judiciales chilenas confiaron que el hombre habría adquirido una casa con planes de quedarse en Chile para siempre, pero esa idea ya puso en aprietos al gobierno de Piñera, que enfrenta una protesta estudiantil sin precedentes
A la misma hora que el diputado Gutiérrez llegó a La Moneda para presentar un pedido de expulsión contra Romano, el senador del partido pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) Víctor Pérez hizo un intento de respuesta pública del gobierno chileno. “Si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano, debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena”, disparó el legislador de la coalición de derecha que sostiene al gobierno de Piñera. La frase buscó plantear un virtual canje por el ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que tiene refugio político desde hace casi un año y que fue acusado por el gobierno chileno de ser el autor intelectual del asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán. “En Chile está impune el crimen de un senador de la República, porque el responsable es protegido por la Argentina, y por lo tanto esta es la oportunidad de lograr justicia”, argumentó Pérez. Sus palabras fueron desautorizadas por la tarde, en boca del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que habló en nombre del gobierno chileno: “Cada refugio se analiza en su mérito, no puede condicionarse, porque sería también tergiversar la ley, no puede condicionarse una situación a otra. Acá tiene que analizarse en función de los antecedentes que entreguen las personas que solicitan refugio evaluarse técnicamente, pedir la información a los países de origen o al país de origen y de ahí tomar una decisión en su mérito”, contestó el funcionario.
El pedido de refugio fue presentado por Romano el 1 de septiembre, cuando había cumplido su primera semana en Chile. En el escrito que entregó al gobierno chileno, el camarista, ya suspendido por el Consejo de la Magistratura, argumentó ser “un perseguido político” y reconoce que es acusado en Argentina por no haber investigado delitos de lesa humanidad entre 1975 y 1983. Desde ayer, el expediente de refugio que tramita La Moneda también tiene el escrito presentado por Gutiérrez, donde explica claramente que Romano es investigado por “su presunta responsabilidad penal en 34 privaciones ilegítimas de la libertad de personas que todavía continúan desaparecidas, otras 26 privaciones ilegítimas de la libertad, 36 torturas, un allanamiento ilegal y un caso de denegación de justicia.
El pedido de expulsión enumera todos los casos que hasta ahora el gobierno chileno trató de desconocer. Mientras tanto, la Cancillería chilena recibirá el pedido de extradición que ahora tramita la justicia federal de Mendoza, contra el camarista suspendido que estaría oculto en la localidad balnearia de Algarrobo, el mismo lugar donde el ex dictador Augusto Pinochet pasaba sus vacaciones estivales.
Fuentes judiciales chilenas confiaron que el hombre habría adquirido una casa con planes de quedarse en Chile para siempre, pero esa idea ya puso en aprietos al gobierno de Piñera, que enfrenta una protesta estudiantil sin precedentes
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El fiscal general de Mendoza le pidió al juez que considere al ex camarista Romano en rebeldía
Con pedido de captura internacional
Procesado como partícipe necesario en un centenar de delitos de lesa humanidad, Romano se fue a Chile, donde pretende que se lo considere un refugiado político. Según el texto de la ley, sus posibilidades son pocas.
Por Diego Martínez
Otilio Romano está procesado en un centenar de secuestros, torturas, robos de bienes y desapariciones.
Mientras la dirigencia chilena comienza a tomar partido sobre el pedido de refugio del ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que huyó del país ante su inminente desafuero, el fiscal general Omar Palermo le pidió ayer al juez federal Walter Bento que declare en rebeldía y ordene la captura internacional del fugitivo, quien a juzgar por la ley sobre protección de refugiados de Chile tendría pocas chances de obtener el asilo político. Más allá de los ocho meses de visado temporario que concede automáticamente a cualquier solicitante, la norma que refrendó en abril del año pasado el propio presidente Sebastián Piñera excluye del régimen de protección a toda persona sobre quien existan “fundados motivos” sobre su participación en “delitos contra la humanidad” como Romano, procesado como partícipe necesario en un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones.
La intención del gobierno chileno, según fuentes del entorno de Piñera citadas ayer por el diario La Nación, sería expulsar a Romano del país. La decisión, de ser cierta, demorará no menos de un mes. Según la ley 20.430 sobre protección de refugiados, la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiados (CRCR) no tiene un plazo perentorio para pronunciarse, aunque en caso de decidir la expulsión debe conceder treinta días al interesado para que gestione su admisión en un país más generoso.
El secretario general de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, propuso ayer canjear a Romano por el ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza, asilado político en la Argentina. Como si fueran bandas que intercambian rehenes, el dirigente de los ultraderechistas que integran el gabinete de Piñera planteó abiertamente que “si la Justicia argentina quiere al juez Romano, debe entregar (sic) a Galvarino Apablaza a la Justicia chilena”. El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, descartó la hipótesis. “No es posible, sería violar la ley”, respondió. El diputado Hugo Gutiérrez, ex miembro de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, le pidió al Ministerio del Interior que expulse al ex juez de su país. “No se le puede dar asilo político a un acusado de lesa humanidad”, remarcó el diputado del Partido Comunista.
La ley sobre refugiados chilena concede el derecho a quienes tengan “fundados temores de ser perseguidos”, pero excluye en su artículo 16 a los imputados en “delitos contra la paz, de guerra o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional ratificado por Chile”. El artículo 31 ordena a la comisión recopilar información del país de origen, donde Romano tiene procesamiento confirmado en segunda instancia; el 33 obliga al solicitante a “decir la verdad” y el 34 encomienda a la Comisión Interministerial a apreciar las pruebas “conforme a la sana crítica”. Si bien no se conocen los argumentos presentados por Romano, no le resultará fácil convencer a los funcionarios chilenos de ser un “perseguido político” cuando hasta hace 17 días presidía uno de los tribunales más cuestionados del país por entorpecer causas sobre represores.
El fiscal Palermo, en tanto, le pidió al juez Bento que ordene la captura de Romano. El coordinador de la Oficina de Asistencia en causas de lesa humanidad de Mendoza, que el 12 de agosto pidió la elevación a juicio de la causa que tiene al ex juez como imputado, destacó la “clara y manifiesta voluntad contraria al sometimiento a proceso” por parte de Romano, que huyó del país sin informar al tribunal que lo procesó y no se presentó ante la citación por medio de sus abogados. Palermo resaltó que la inmunidad de arresto protege “la ‘función’ judicial” que Romano abandonó al fugarse, pero no puede “blindar de impunidad a la persona del funcionario”.
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